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España-Estados Unidos-Colombia: Una alianza estratégica paramilitar

Por Hugo Gómez

Lo mismo que el anterior Presidente Aznar, pero desde la perspectiva imperial europea, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha hecho de la intervención en Colombia una opción especialísima de su política exterior.

El Ministro de Justicia español Juan Fernando López Aguilar, en su reciente visita a Washington, donde se entrevistó con el Fiscal General del Estado y el director del FBI, Robert Mueller; y con el Fiscal colombiano, anunció el lanzamiento de “ un eje tripartito, triangular, de cooperación antiterrorista entre España, Estados Unidos y Colombia”, porque ” los tres países tienen la misma prioridad y determinación contra el terror”. ( El País, edición del 7 de mayo de 2005).
“ Nos ponemos – manifestó – enteramente a disposición de nuestro aliado estratégico en esta lucha para el refuerzo de la cooperación y aportamos el activo de España en otras esferas, como en norte de Africa y, sobre todo, el ámbito latinoamericano”.

El águila oculta del escudo español, vuela a posarse al lado de la otra imperial, más veterana.

Significa, que España pone a disposición de su “aliado estratégico” todo su “activo” en influencias, participaciones e inversiones transatlánticas, del orden cultural, político, judicial, policial y económico, para contribuir , si mal no ha de entenderse, a la derrota del la insurgencia popular armada, contemplada como el principal enemigo, el peor obstáculo a la inversión y expansión “pacíficas” de las grandes corporaciones multinacionales , primordialmente financieras y de servicios, entre las cuales las españolas ocupan un óptimo lugar en beneficios económicos.

En ese contexto, la irrestricta servidumbre militar que ofrece el gobierno español de Rodríguez Zapatero a su aliado estratégico estadounidense, expresa inequívocamente la más absoluta coincidencia y uniformidad de criterios y de objetivos estratégicos de España y Estados Unidos, desde una compartida visión y defensa imperialistas de sus intereses económicos en la sangrante tierra colombiana. Las águilas clavan sus garras.

Como no podía ser de otra manera, esta concreta empresa -cruzada, de intervención militar, se anuncia bajo el signo de la lucha contra el terrorismo, ese magma total que, a juicio del tripartito aliado, planea siempre amenazador sobre el planeta y que, en el caso colombiano, al entender de sus intereses, se encarna diabólicamente en las formaciones beligerantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN),ambas organizaciones declaradas terroristas durante los gobiernos hispano-colombianos de Aznar-Pastrana e inscritas en las listas negras de los Estados Unidos y La Unión Europea.

Aunque figurando en las mismas listas negras, distinta consideración merecen las así mismas llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), aliados tácticos paramilitares del gobierno de Uribe Vélez, con quienes, en cambio, se negocia su “pacífico reacomodo como “emprearios agrícolas” en el territorio arrebatado violentamente por ellos al campesinado, y se les asigna nuevas funciones, esta vez “pacíficas”, de policía, en las zonas dominadas por ellos, para la protección de la propiedad terrateniente y de las ricas posesiones de las corporaciones capitalistas internacionales.

Sirve de pretexto y justificación a la acción militar mancomunada de los aliados “trinitarios, por tanto de la irrupción militar española en el escenario colombiano, una visión peculiar del fenómeno, originaria de la Casa Blanca y elevada a rango de doctrina, según la cual lo que en realidad existe en el panorama colombiano, con peligro de extenderse a otras naciones limítrofes, es la actividad criminal de terroristas, enemigos de la democracia y de la libertad, inscrita en la estrategia global del terrorismo internacional, frente a los cuales no cabe diálogo ni pacto algunos, y solo es superable mediante el aniquilamiento militar y exterminio de sus actores.

Desde esa perspectiva antiterrorista, y contrariamente a lo que vienen reconociendo las más elevada instancias públicas y privadas, de entidades, organismos y personalidades internacionales que han participado en la elaboración de un diagnóstico acerca de la violencia en Colombia y de las posibles soluciones a ese conflicto, se viene negando la existencia de un conflicto armado en Colombia, expresión, a su vez, de un conflicto político y social que enfrenta al pueblo colombiano con el Estado y sus clases dirigentes desde hace más de cincuenta años, y cuya solución pasa por la vía de una negociación política que contemple profundas reformas en las esferas de lo político, lo económico y lo social.

Esa concepción antiterrorista de Estado encuentra su traducción represiva en la denominada “seguridad democrática”, doctrina y práctica estatales del más puro contenido policiaco, de intervención y criminalización de todas las actividades políticas y sociales independientes, de la ciudadanía, concebida e implementada por el gobierno del Presidente Uribe Vélez en consonancia con las orientaciones trazadas por el Departamento de Estado de los Estados unidos.

La Comisión Internacional de Juristas, al concluir su misión de alto nivel en Colombia hacia finales de enero de este año, emitió un comunicado en el que denunciaba la política gubernamental, tanto en la forma como se vienen llevando a cabo las “desmovilizaciones” y “reinserciones” de los paramilitares , como en lo referente a la negación del conflicto armado por el gobierno y la implementación de la política de la “seguridad democrática”.

La Comisión Internacional de Juristas considera que “el proceso y el marco legal existentes niegan totalmente los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. No contemplan un mecanismo eficaz de verificación de la desmovilización que permita que la población pueda recuperar sus bienes”.

Afirma que “aunque el gobierno niegue la existencia de un conflicto armado, esta afirmación no corresponde a la realidad. El país sigue viviendo una crisis humanitaria. Con 3 millones de personas internamente desplazadas, Colombia es el tercer país del mundo con mayor desplazamiento forzado después de Sudán y la República del Congo. La implementación de la política de “seguridad democrática” en el nombre de la lucha antiterrorista, ha generado una degradación de la situación de derechos humanos, y en particular la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, masivas o individuales, por parte de la fuerza pública”. “En Arauca, la presencia de la fuerza pública es muy fuerte y se ha podido comprobar que estas detenciones muchas veces se fundamentan en información proveniente de miembros de la red de informantes o reinsertados, quienes a cambio de su colaboración reciben beneficios económicos”.

Y pedía a la comunidad internacional que no respaldara una política de seguridad que, en vez de fortalecer el estado de derecho, socava sus principios básicos.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), organización no gubernamental, reconocida como entidad consultiva general de las Naciones Unidas, en su exposición escrita presentada en el 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, denunciaba “la utilización de la violencia contra los defensores de los derechos humanos, tales como abogados, sindicalistas, líderes comunitarios, grupos campesinos e indígenas y periodistas”. Y agregaba que: “esta situación de permanente amenaza y acoso hacia los grupos comprometidos en la defensa y promoción de los derechos humanos se enmarca en la estrategia llamada de “seguridad democrática” por parte del gobierno colombiano, que bajo la rúbrica de la lucha contra el terrorismo, equipara a los defensores de los derechos humanos con terroristas o voceros de éstos. Y expresaba su preocupación “ante una equiparación, la cual en el contexto de abierta violencia en Colombia supone una grave amenaza para los defensores de derechos humanos al situarlos directamente como objetivos de grupos armados”.

En una reciente Declaración de las ONG y Organizaciones sociales colombianas, suscrita, además, por la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la Corporación Colombiana de Teatro, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Proceso de Comunidades Negras y otras 80 asociaciones más, de profesionales, cívicas , religiosas y populares, se denunciaba al gobierno de Uribe Vélez por las “violaciones contra poblaciones específicas” y por la “militarización de la sociedad.” Así, respecto de lo primero, manifestaban que: “El Gobierno no ha tomado medidas para garantizar la seguridad y los derechos de sindicalistas, que siguen siendo asesinados, amenazados y detenidos arbitrariamente; mujeres, jóvenes y niñas, víctimas de violencia sexual y discriminadas en su participación política y social; pueblos indígenas, objeto de genocidios y etnicidios; lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, discriminadas sistemáticamente; y comunidades afrodescendientes, que continúan siendo atacadas y perseguidas”.

Y en cuanto a la militarización de la sociedad, denunciaban que: “La población civil continúa siendo utilizada para la guerra. El Gobierno pretende convertir a todas las personas en combatientes”. “La implementación de la política de seguridad ha significado el aumento del pie de fuerza y la utilización de estrategias contraguerrilleras que afectan a la población civil, desconociendo los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario y el deber de protección de la ciudadanía”. “En operaciones militares de la Fuerza Pública, como la segunda fase del Plan Patriota, se han desconocido derechos de la población. Continúan implementándose programas como la red de informantes, el reclutamiento de soldados campesinos y la extensión del servicio militar a sectores vulnerables. El Gobierno utiliza empresas de seguridad y vigilancia privada en labores de inteligencia”.

Todo el país y la opinión pública mundial han quedado conmocionados por la masacre de San José de Apartadó, región de Urabá, la región más castigada y con la mayor presencia paramilitar de las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia”, donde fueron exterminadas dos familias de sindicalistas campesinos, resultando horripilantemente asesinados mujeres y niños de corta edad. Treinta académicos, juristas, artistas y personalidades de Europa, América Latina y Estados Unidos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; obispos, teólogos y sacerdotes, la mayoría de ellos españoles, en una carta abierta al Presidente Uribe lo responsabilizaron de esta masacre perpetrada por la XI Brigada militar del ejército con ayuda de los paramilitares de la zona, y atribuyeron al Presidente Uribe la responsabilidad por lo que pudiera pasarles a los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia, quienes han recibido amenazas de muerte después de haberlos tildado el Presidente de terroristas y colaboradores de la guerrilla, lo mismo que a los pobladores del lugar. Igual protesta y condena hizo pública el 1º de mayo la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados – CEAR.

Del lado del gobierno español y de los dirigentes políticos, ninguna protesta oficial o petición de explicaciones al gobierno de Colombia; apenas una trivial y somera información, sin titulares destacados, en falsimedia, la prensa oficial de la casta politico-económica española.

Se supone que el Presidente de gobierno del Reino de España, Rodríguez Zapatero, está servido por un eficiente cuerpo de espías y analistas en el exterior, quienes, con sus agentes diplomáticos, le brindan un excelente, actualizado e informatizado conocimiento de la realidad colombiana. Conoce, por consiguiente, cual es el comportamiento político del gobierno colombiano y la política de terror que éste despliega frente a los colectivos :campesinos, étnicos, sindicales, profesionales, religiosos y de Derechos Humanos, que luchan por las reformas sociales, los derechos políticos, la soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación y la paz. Hecho público notorio es la línea de complicidad del gobierno Uribe y de su ejército con los escuadrones paramilitares de las autollamadas “ Autodefensas Unidas de Colombia”, cuyos horripilantes crímenes quedan en la impunidad.

Pero no solo guarda silencio frente al hecho de las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, del gobierno colombiano. Ha viajado a Colombia acompañado y asesorado por un elenco de expertos políticos, policías, juristas y asesores económicos, para tejer con los homónimos del gobierno colombiano una urdimbre de pactos variopintos, en la dirección estratégica de consolidar y expandir “los intereses de España” en Colombia. En esa línea estratégica, se une al más desacreditado de los liados en la zona, los Estados Unidos de Norte América.

En unidad ventrílocua con los Estados Unidos, el Presidente Rodríguez Zapatero presta y proclama su más absoluto apoyo al gobierno del Presidente Uribe y a su tenebrosa política de “seguridad democrática”, denunciada por todos los demócratas del mundo.. Participa del represivo Plan Colombia y engrasa su maquinaria militar para la comprometida interposición de fuerzas militares españolas en territorio colombiano, que lo será, en el nombre, como no podría ser de otra manera, de “ la paz”, los “derechos humanos” y el “derecho internacional humanitario”.

Y todo ello, mientras en nombre y por encargo de su aliado estadounidense trata de “neutralizar” y “apaciguar” al otro “ogro” del Caribe, que con su política Bolivariana de apoyo a los pueblos de Sur América pone en peligro la seguridad de las inversiones españolas, europeas y norteamericanas en la región.

Esa ejemplar disposición del gobierno de España , de servir y prestar buenos oficios a su “aliado estratégico” estadounidense en esta concreta empresa de “pacificación” de Colombia; aquella insólita y deforme proclamación española de guerra del ministro español desde el territorio del principal depredador del mundo y de la patria de los colombianos; esas visitas “discretas”, cada vez más constantes de los responsables españoles de los ministerios emparentados con los homónimos ministerios de la represión en Colombia: interior, justicia y defensa ; la total identificación de Rodríguez Zapatero con la política de Uribe Vélez, proclamada oficialmente en su reciente visita a Colombia, con ofrecimientos de ayuda financiera, dotación y asesoramiento militares, logística y asesoramiento “antiterrorista”; su apoyo expreso a los planes de represión masiva: los llamados “Plan Colombia” y Plan Patriota”, inspirados, dirigidos y participados por el gobierno de los Estados Unidos; la creación, tras las visitas a Colombia de los ministros de Interior y Justicia españoles, de organismos parajudiciales y parafiscales de composición mixta, de jueces y fiscales colombianos y españoles, para la mutua colaboración en la represión del “delito” y el “terrorismo”; todo ello muestra la verdadera faz de la política exterior agresiva e intervencionista del Estado español en los asuntos de Colombia y su incorporación abierta y directa en la represión del pueblo colombiano., en estrecha y activa alianza con el peor enemigo de la nación colombiana a lo largo de toda su historia, el imperialismo norteamericano.

Aquello observado, nos desvela con toda claridad el sentido y el alcance de ese continuado silencio y tolerancia del gobierno español , cuando no de burda tergiversación de los hechos, compartido, en unidad de complicidad, por los partidos políticos y la prensa .españoles, pese a las constantes denuncias de los organismos e instituciones internacionales, sobre las flagrantes violaciones de los Derechos Humanos y las leyes internacionales llevadas a cabo por el gobierno de Uribe Velez.

Por sobre cualesquiera otras consideraciones, aquellos hechos desenmascaran la continuidad, sin alteraciones, de la nefasta línea política exterior española en relación a Colombia trazada por Aznar, y ahora seguida, completada y perfeccionada por el gobierno de Rodríguez Zapatero en una escenificación ambigua de hipocresía política.

Hace apenas unos días, daba cuenta la prensa nacional del acuerdo alcanzado entre el PSOE, el partido del actual Presidente de Gobierno, Rodríguez Zapatero, y el PP, partido del anterior presidente de gobierno, Aznar., en virtud del cual, las tropas españolas puedan salir al exterior sin la autorización de la ONU, entre otros motivos, para “defensa de los intereses de España.”

Con ese acuerdo “militar” PSOE-PP, el gobierno refuerza la primordial razón de Estado para una futura intervención militar: la defensa de las inversiones españolas , sus nuevas posesiones ultramarinas amenazadas por el “terror”. Como en sus mejores tiempos.

Mención aparte merece el capítulo de la industria de armamento español, otra razón de Estado estratégica para el despliegue militar de fuerzas en el exterior. Criticado el Ministro Bono por actuar como agente comercial en el extranjero de la industria de armamento de su país, convino, en absoluta identidad con la Revisión Estratégica de la Defensa aprobada por el Partido Popular, en que “únicamente el apoyo del Ministerio de Defensa puede permitir el mantenimiento a largo plazo en el exterior de las industrias españolas de Defensa”. “No llevo catálogo -manifestó-, pero siempre que puedo arrimo el ascua a la sardina española”, e hizo alusión a que eso hacen también otros mandatarios extranjeros, “ incluso Jefes de Estado”. Sin comentario.

No es menester, pues, ser un aventajado politólogo para prever que la España del “humanista” y “socialista” Rodríguez Zapatero viene preparando, en la línea de su antecesor, unidades móviles de interposición o intervención rápida para intervenir militarmente en Colombia, en apoyo de la estrategia militar trazada por “el eje tripartito, triangular, de cooperación antiterrorista”: España-Estados Unidos-Colombia”. De hecho, España tiene ya aviones de guerra e instructores militares en Colombia.

No debería ocultársele al Presidente Rodríguez Zapatero, que en esa línea de identidad y compromiso con el “aliado estratégico” estadounidense y con el otro aliado menor, Uribe Velez, compromete la responsabilidad de España en la prolongación del conflicto armado y en la profundización del drama del pueblo colombiano.

Aznar-Rodríguez Zapatero: lo mismo de lo mismo. “La misma perra con distinta guasca” (collar), dice un refrán colombiano. Dos caras de la misma moneda imperial: adusta una; sonriente la otra. Troquelándolas, probablemente el Euro ganaría más valor en el mercado internacional .

Aznar y Rodríguez Zapatero : Monta tanto, tanto monta…

Fuente: Insorgente, bellaciao.org

Viernes 24 junio 2005

Pubblicato da Truman