Argentina: La política económica del gobierno

x Norberto Bacher

Los terratenientes y los exportadores son los principales beneficiados

Las principales medidas económicas adoptadas por el gobierno de Néstor Kirchner desde su asunción favorecen al conjunto de los sectores capitalistas del país. Sin embargo no todos los sectores explotadores han recibido beneficios inmediatos en la misma proporción. Esta doble determinación signa los alineamientos de las distintas franjas del capital con el equipo gobernante, desde el apoyo activo de algunos hasta la critica despiadada de otros. Las declaraciones sectoriales confusas, y a veces contrapuestas, no deben ocultar el acuerdo más profundo que unifica a la burguesía: el apoyo a la reestructuración capitalista después de la crisis.

Desde el punto de vista de los intereses generales de la burguesía, el gobierno está teniendo éxito en su gestión económica. Es cada vez más evidente que el gobierno Kirchner está realizando una serie de tareas que interesan al conjunto del capitalismo argentino, con las inevitables divergencias que surgen de intereses encontrados entre las distintas fracciones burguesas.Al margen de la demagogia declarativa, los hechos demuestran que lo está haciendo no contra el imperialismo sino sobre la base de un acuerdo con el imperialismo, aunque no ejecute todas las medidas que quiere imponer el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en las condiciones que sus burócratas hubiesen preferido. Pero también es cierto que en el marco político regional de avance de la lucha antimperialista y de masas, el imperialismo necesita “flexibilizarse” en algunos aspectos, en función de salvar acuerdos estratégicos más relevantes.

El plan Lavagna

El eje del plan Lavagna, surgido en plena crisis bajo la presidencia de Duhalde, es simple y de estricta prosapia liberal ortodoxa. Consiste en generar superávit fiscal por la vía de mayores exportaciones que importaciones y afectar parte importante de ese superávit a dos objetivos prioritarios. Por una parte recomponer los activos del Banco Central para poder tener caja (las reservas), ejerciendo un control sobre la moneda y reconstituir el sistema bancario, evitando que tanto el Estado como el conjunto de los sectores económicos queden inermes frente a las permanentes presiones y chantajes del sector financiero, tal como ocurrió en los momentos más agudos de la crisis de 2001 y 2002. En este sentido, representa un objetivo del conjunto del capitalismo argentino.

El segundo objetivo consiste en derivar parte importante de ese superávit para pagar deuda -renegociando lo máximo posible, pero do– evitando la ruptura con los múltiples organismos que controlan el mercado financiero internacional, y preparando el terreno para lograr nuevas inversiones de capital, detenidas desde los tiempos del corralito de Cavallo. En este sentido también cuenta con el aval del conjunto de la burguesía local y el visto bueno de los centros imperialistas mundiales.

En esta dirección los aliados estratégicos del gobierno son los exportadores. Esta alianza la heredó el gobierno del acuerdo de Duhalde y Alfonsín con esos sectores, que empujaron la devaluación que necesitaba el sector exportador, tanto de materias primas como industrial, para competir en el mercado mundial.

Las exportaciones crecieron, particularmente las del sector agrícola, sobre la base de un incremento extraordinario de la producción de soja, y una recuperación de la producción ganadera. La producción de granos que estaba en las décadas pasadas en el orden de los 30 millones de toneladas anuales, pasó a 80 millones y la expectativa es llegar a 100 millones a corto plazo. Todo el arco productivo ligado al sector agrario (semillas de las transnacionales, agroquímicos, tractores, etcétera) se ve favorecido en amplia escala por este crecimiento. Su punto central de conflicto con el gobierno es el costo de los impuestos que se les exige pagar –entre ellos las retenciones a las exportaciones– para generar el superávit comprometido con el FMI. Por otro lado creció el valor de los campos (y con ello la re nta agraria diferencial que absorbe el sector terrateniente del conjunto de la burguesía), lo que compensa sus cargas impositivas al no aplicarse impuestos al valor potencial de la tierra.

Pero también gana el sector exportador industrial, tales como Techint y las automotrices o las petroleras como Repsol, por los altos precios internacionales del crudo. Este sector es el principal interesado en mantener el dólar cerca de los $ 3, por la simple razón que con un dólar alto que recibe en el exterior por sus productos paga los impuestos y otros gastos (sueldos entre ellos) más fácilmente al convertirlos en moneda local.

Así, tenemos un gobierno “montonero” asentado en una alianza objetiva con la gran burguesía agraria y terrateniente, la gran burguesía industrial exportadora y la principal multinacional petrolera que opera en el país por un lado, a lo cual suma –según la tradición peronista– a la corrupta burocracia sindical cegetista, ahora en su nueva versión moyanista. Los gestos de “izquierda” del gobierno, destinados a cooptar piqueteros, familiares de desaparecidos y residuos del progresismo tienen los límites que este bloque burgués es capaz de tolerar.

Transferencias de plusvalía entre sectores del capital

El aumento tanto del volumen de lo exportado como la situación favorable de precios internacionales de soja y crudo contribuyeron en forma importante a recuperar divisas y recomponer las reservas, que en el pico de la crisis eran inferiores a 9000 millones de dólares y ahora están en 23.000, con lo cual el gobierno puede cumplir con sus aliados y mantener el dólar en ese nivel de 2,90$, comprando moneda desde el Banco Central cuando su valor tiende a la baja. O sea incidiendo desde el Estado para nivelar la tasa media de ganancia a favor de los grandes tenedores de divisa fuerte.

Se trata de una medida de transferencia de renta, del pool general de plusvalía, de un sector burgués a otro. En este caso los perdedores son los que deben comprar dólares (los importadores) que los por encima de su valor real y los tomadores de créditos, porque al comprar dólares el Banco Central debe lanzar más papel moneda a la circulación que el que se requiere en base a los valores reales generados en la economía, lo cual es un factor inflacionario, que devalúa la moneda.

Para equilibrar ese “efecto no deseado” se aumentan las tasas de interés (lo cual también necesita de la intervención del Banco Central vía el circuito bancario), estimulando la inversión especulativa por el encarecimiento del crédito, el alza artificial de los precios inmobiliarios que inciden directamente en el costo desmedido de los alquileres, y finalmente terminará por trasladarse a todos los precios de la canasta. Los argentinos ya aprendimos hacia donde conduce y en que desemboca este circuito especulativo que, con distintos artificios técnicos de manejo monetario, las diversas fracciones burguesas practican desde la época de la dictadura militar.

El conflicto con las empresas de servicios públicos privatizadas es porque al tener precios fijos (que originariamente fueron fijados en dólares) el gobierno no los permite trasladar a los consumidores por razones obvias: evitar una crisis social abierta.

La deuda

Una doble operación le permitió al gobierno Kirchner “reinsertarse en el mercado financiero internacional”. Por un lado el reconocimiento de los bonos basura que habían entrado en default, y que mayoritariamente estaban en manos de grandes grupos financieros o fondos buitres, a un valor que les permitió a sus tenedores recuperar más de un tercio del valor nominal de esos bonos, y que pagarán intereses mucho más altos que la media del mercado financiero. La resultante es que el país tiene el mismo o aún mas nivel de endeudamiento que antes de la crisis del 2002, medido en términos de PBI, y compromisos por más de 30 años a tasas altas por los nuevos bonos canjeados, atados al dólar.

El cumplimiento de estos compromisos es casi con certeza inviable, porque exigirá un sostenido crecimiento del PBI nacional, en una magnitud que en el último medio siglo el sistema capitalista argentino no demostró capacidad de lograr. Lo que se obtuvo es un diferimiento de parte de la deuda por más largo plazo.

En todos estos años nunca se dejó de pagar al FMI ni al Banco Mundial y la renegociación de los vencimientos de la deuda que se tiene con ese organismo imperialista para este año y los inmediatos, y que significan desembolsos muy importantes, es la segunda parte de la operación que está en curso.

La presión que el gobierno está recibiendo del FMI para acceder a las condiciones de éste (entre ellas generar mayor superávit en términos de porcentual del PBI nacional y aumentar las tarifas) supone directamente mayor aumento de la miseria, una condición que resulta inaceptable para el gobierno por dos razones: una de orden político, vinculada al próximo proceso electoral; otra económica, ya que ceder implicaría activar un factor recesivo para el consumo interno.

Hasta que se negocie, el gobierno espera enfrentar los pagos recurriendo a reservas del Banco Central y a nuevo endeudamiento emitiendo más bonos de deuda del país. En un gesto solidario y para presionar al gobierno hacia una política de integración opuesta a los intereses yanquis, el gobierno bolivariano de Venezuela se comprometió a comprar bonos de deuda argentina por un valor equivalente a 500 millones de dólares.

Por otro lado, sin que medie solidaridad alguna, también está creciendo la compra de bonos argentinos por los fondos de inversión, ya que su rentabilidad real medida en dólares es muy superior a la de otros mercados. Sin embargo esto está lejos de garantizar que se vaya a reiniciar un nuevo ciclo de inversiones productivas. Todo lo contrario.

Límites de la reactivación

El conjunto de los datos demuestran que la reactivación después de la crisis y el crecimiento importante del PBI de estos dos años no está sustentado en la disminución de las cargas financieras del país y en el ingreso de inversiones productivas importantes (salvo el sector agrario que aceleró la mecanización) sino en negociar deuda vieja por nueva, y utilizar el parque industrial desactivado por la crisis.

De mucha menor importancia es la acción desde el Estado que prácticamente carece de capacidad de inversión, aunque en el último período, repitiendo esquemas tradicionales de los gobiernos burgueses, y en acuerdo con las grandes empresas constructoras favorecidas, derivó fondos de la recaudación fiscal para la construcción de viviendas y obras de vialidad.

En una nota publicada recientemente en Clarín el economista Julio Sevares señaló: “No obstante todo esto, los capitales vuelven a las inversiones aventureras. Un síntoma de esto es la vuelta de capitales especulativos a la Argentina. El país salió del default y no se espera que vuelva al incumplimiento, pero vive en una región con graves problemas políticos y es socia de Brasil, cuyo endeudamiento sigue en niveles alarmantes. Es decir, están dadas las condiciones para futuras incertidumbres, salidas de capital y caídas de cotizaciones, que afectarán a quienes no escapen en primer lugar.” Más cerca de la realidad que las argucias publicitarias montadas desde las esferas gubernamentales, este párrafo del comentarista demuele la visión oficialista que busca asociar los actuales índices de crecimiento económico al salto hacia una economía de producción.

Conflictos salariales

Controlada la crisis económica en el corto plazo y con una negociación salarial cerrada en sectores importantes (metalúrgicos, automotrices, mercantiles, camioneros, subte) que de alguna manera imponen un “standard” de negociación para los sectores que aún restan, y que en todo caso ha desactivado la posibilidad remota de un reclamo salarial global en el que coincidiesen sectores importantes de la producción, el punto crítico para el gobierno se reduce a algunos conflictos en sectores de los gremios estatales y del interior del país.

Por su parte los recientes aumentos salariales, no recompusieron el poder adquisitivo perdido sino solo cumplieron un papel paliativo. Además de intentar desactivar la protesta social, tienen la función económica de reactivar el consumo interno y por eso ciertas cámaras empresarias lo apoyaron, en función directa de sus intereses.

En este marco el gobierno Kirchner enfrentará el proceso electoral de octubre. Para el gobierno es decisivo que este equilibrio inestable de la economía se prolongue por lo menos hasta las elecciones, en su primer intento por afianzar una fuerza propia dentro de lo que queda del aparato del PJ.

Si el ala [más de] derecha del peronismo –el menemismo– invocando la necesidad de insertarse en el mundo globalizado consumó la entrega de las principales riquezas al imperialismo, respaldado por los más importantes sectores capitalistas locales, ahora su ala “izquierda” pretende convencernos que la visión nacional de la política consiste en pactar acuerdos con quienes nos ven como una gran factoría de materia prima y mano de obra barata. En su versión de los 90 y en la actual, los rezagos de un movimiento que quiso ser nacional reproduce las condiciones para que la acción del gran capital y el imperialismo se perpetúe.

Fuente: Agencia Walsh [ 02.08.05 ]